"A través de la puerta de la muerte se llega a la verdadera vida"

Legítima Defensa

Por Ginés Ruiz Adame.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla
y practicante de Artes Marciales.

Apartados del estudio:

1. Introducción.
2. Legítima defensa en el Código Penal español.
3. Ambito de la Legítima defensa.
4. Supuestos especiales:
-Participación en riñas.
-Defensa ante incapaces y menores.
-Defensa frente a la autoridad y sus agentes.
-Estudio especial sobre la proporcionalidad.
5. Aspectos procesales de la Legítima de defensa.


1. Introducción.
En este estudio vamos a explicar qué se entiende por legitima defensa y el modo en que los conocimientos sobre artes marciales con o sin armas puede influir en ella. Es necesario comenzar dando una definición general acerca de qué se entiende por LEGÍTIMA DEFENSA (en adelante LD).

Podemos entender LD como aquél “conjunto de circunstancias que eximen de responsabilidad por la comisión de un hecho, que de otro modo sería considerado delictivo”. Parece claro que el concepto de LD va fuertemente unido al de delito por lo que se hace necesario comprender la relación existente entre ambos para lo cual vamos a ver cuales son los elementos del DELITO.

Los estudiosos del derecho han definido el delito como una acción injusta y culpable, recogida y castigada por la Ley. Son estos los caracteres que definen al delito, de modo que la falta de alguno de ellos traerá como consecuencia la exención de responsabilidad, y es precisamente de este modo como actúa la LD, la cual se considera como una causa de justificación.

Hemos visto como el primer elemento del delito es, QUE SE TRATE DE UNA ACCIÓN INJUSTA. Pues bien, cuando obramos en LD la acción pasa a justificarse, y de este modo el delito DESAPARECE. La razón de esto es la siguiente: Se considera que una acción es injusta cuando daña los derechos de otra persona. Pero en situación de LD nos hayamos en la circunstancia de que nuestros propios derechos o los de una tercera persona, están siendo puestos en peligro de forma injustificada, y en este trance la Ley reacciona PERMITIENDO QUE LA PERSONA AGREDIDA PUEDA DEFENDERSE AÚN A COSTA DE LESIONAR LOS DERECHOS AJENOS.


2. Legítima defensa en el Código Penal español.

El código penal de 1995, regula en el apartado 4 del art.20 que están exento de responsabilidad los que obren en legitima defensa de la persona o bienes propios o ajenos, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
1 Agresión ilegitima. En el caso de la defensa de los bienes, se considera agresión ilegitima la acción que constituya delito o falta y los coloque en peligro de deterioro o perdida inminente. En caso de defensa de la morada o sus dependencias se considera agresión ilegitima la entrada indebida en aquella o en estas.
2 Necesidad racional del medio empleado para impedirla o para repelerla.
3 Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.


Una vez vista la regulación legal, pasemos a analizar cada uno de sus elementos.

a) Agresión. Esto significa que es necesario que el ataque o acometimiento sea real. No basta con la mera sospecha. Si la agresión no existiera realmente, sino solo en la imaginación del defensor, se originaría la llamada LD imaginaria, la cual eximiría de responsabilidad penal pero obligaría a indemnizar los daños causados al agresor. Así mismo, la agresión debe ser actual, por lo que no cabe la defensa antes del ataque a menos que las circunstancias no den lugar a dudas sobre la inminencia del mismo. Por ejemplo: que nos saquen un cuchillo profiriéndonos amenazas de muerte. Tampoco sería posible la defensa una vez que el ataque ha finalizado, puesto que ya no sería defensa sino venganza, la cual, como máximo, solo daría lugar a una atenuante por arrebato. El requisito más importante es el que la acción sea injusta. Esto significa que no tengamos la obligación de soportarla. Si la agresión fuera justa, no puede apreciarse LD. Así, por ejemplo, no podemos aducir LD frente al policía que en el desarrollo de su actividad detiene a un sospechoso, o frente al empleado de la grúa que pretende retirar un vehículo mal estacionado. Este tipo de situaciones será tratada más adelante con el supuesto del agente de la ley que se excede en sus funciones.
b) Necesidad racional del medio empleado. Este requisito puede resumirse en la necesidad de proporcionalidad entre el ataque y la defensa, de modo que será el grado de intensidad del ataque el que va a determinar la contundencia que podemos emplear al defendernos. Así, si nos empujan levemente, no podemos reaccionar con una luxación al brazo que rompa el codo del que nos empujó. Este es sin dudad el aspecto de la LD que más directamente se relaciona con las Artes Marciales, puesto que la necesidad de emplear un medio u otro está delimitado por las facultades del defensor, y si este puede elegir entre varios medios a su alcance, siempre debe optar por el más leve.

c) Falta de provocación suficiente. Por último, es necesario que el que pretende defenderse no haya provocado el ataque. Esta provocación debe entenderse como la que normalmente daría como resultado una respuesta determinada. De modo que si frente a un estímulo como un insulto leve la reacción consiste en tratar de matar al que insulta, esta reacción se consideraría totalmente desproporcionada y permitiría la defensa. En aquella circunstancia en la que se produce una pelea como consecuencia de las provocaciones llevadas a cabo por ambos, no podríamos hablar de LD sino de riña.

La ausencia de alguno de estos elementos tiene un tratamiento distinto. Así, la falta de agresión conlleva la imposibilidad de apreciar tanto la eximente de LD como la atenuante de LD incompleta. Sin embargo, el exceso en la defensa o la provocación del que se defiende, podría dar lugar, según las circunstancias, a la aparición de la atenuante de LD incompleta.

3. Ambito de la Legítima Defensa (LD).

Como hemos visto, la posibilidad de la LD solo puede observarse frente a los ataques contra las personas y los bienes. Más concretamente debemos considerar como defendibles aquellos derechos que pueden ser puestos en peligro por un ataque violento. Por lo que habrá derechos que estarían fuera del ámbito de la LD como el derecho al nombre, a la sanidad publica y otros muchos los cuales solo podrán ser defendidos acudiendo a los tribunales. Otros derechos son claramente defendibles como la vida, la integridad física, la libertad personal o la libertad sexual. Hay también otros derechos que causan dificultad a la hora de ver si podrán o no defenderse, como es el caso del honor. En el código penal el honor puede ser atacado por los delitos de injuria (insultos) y de calumnias (acusación maliciosa de un delito falso). En el derecho penal de otros países, por ejemplo Alemania se considera que es posible una defensa frente a estos ataques (contestar a un insulto con otro). Sin embargo, en nuestro país el Tribunal Supremo no considera esta posibilidad dentro de la LD. La razón de esto es la siguiente: Ya vimos la necesidad de que la agresión que motiva la defensa sea actual, se encuentre en progreso. Y una agresión verbal una vez llega a nosotros ya ha concluido, de modo que no se da el primer requisito de la LD. Por tanto, la única medida para reparar estos delitos seria, acudir a los tribunales.

Conclusiones semejantes hay que realizar con respecto a los bienes. Podemos defenderlos de aquellos ataques que los pongan en peligro de deterioro o perdida y que constituyan delito o falta. Podemos pensar como casos más típicos en el hurto, robo, daños o incendio. Por supuesto debemos excluir aquellos ataques que estén justificados, como los embargos judiciales o los desahucios. Dado que la LD se aplica a bienes propios o ajenos, debe también incluirse aquí el caso de que tengamos la posesión de bienes cuya propiedad pertenece a otra persona, por ejemplo: un coche de alquiler.

Por lo que respecta a la defensa de terceras personas, deben concurrir los mismos requisitos vistos para la LD propia. La defensa puede llevarse a cabo de forma tanto directa (tomando a nuestro cargo la defensa), como indirecta (colaborando con quien se defiende o facilitándole los medios necesarios). No se aclara en la ley si es necesario que la persona a quien se va a defender esté indefensa en mayor o menor grado, por lo que para resolver esta cuestión debemos acudir a principios éticos y de justicia, y pensar que no puede limitarse el ejercicio de la solidaridad y de la ayuda. Además, tampoco puede pensarse que una persona por bien preparada que esté, sea invencible en cualquier situación. De modo que, difícilmente podría haber un sujeto que no pueda precisar ayuda.
La defensa de terceras personas en ocasiones deja de ser un derecho y pasa a ser un deber. Así, el art. 450 del código penal español, castiga la no evitación de un delito cuando pueda impedirse, sin riesgo propio o ajeno.



En el caso de la autoridad o sus agentes, deben evitarlo a toda costa, sin que el riesgo sea excusa para no actuar. La defensa de terceras personas adquiere un matiz distinto en los supuestos de personas que pertenecen a fuerzas o cuerpos de seguridad, tanto oficiales (policía, guardia civil), como privados (vigilantes, escoltas). En estos casos la defensa de terceros pasa de ser un derecho a convertirse en un deber. En estos casos la conducta defensiva no solo está respaldada por la LD sino por la circunstancia eximente de obrar en el legitimo ejercicio de un oficio o cargo. Por supuesto, esto no significa la impunidad absoluta del que ejerce su oficio, puesto que deberá observar siempre los principios de legalidad, competencia, necesidad y proporcionalidad recogidos en las distintas normas reguladoras de estos oficios. Como la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Ley de Seguridad Privada.
Observa los videos nuevamente. ¿Que circunstancias de las enunciadas puedes apreciar?.

4. SUPUESTOS ESPECIALES.

1) Riña. Se considera como riña aquella situación en la que dos o mas sujetos pelean entre si. Se ha planteado la cuestión de que si en el caso de que la riña haya sido aceptada por los implicados pudiera hablarse de LD. El Tribunal Supremo en numerosas ocasiones ha proclamado que en caso de riña voluntaria no puede hablarse de LD por faltar el reparto de papeles de agresor y agredido. Ambos serian agresores.

Sin embargo, el Tribunal Supremo también señala que hay que hacer una clara diferencia entre la situación anterior y aquella en la que claramente hay un agresor y un agredido, pero que el ataque y la defensa se prolongan por un tiempo al no poder, el defensor, repeler la agresión de modo rápido, o porque el agresor ataca de modo continuado. En este caso no hay ninguna dificultad en poder apreciar la LD, por lo que en definitiva nos encontramos con el problema de probar como ocurrieron los hechos.
Como muestra de esta doctrina, la sentencia 347/1987 condena a una persona, que en el curso de una riña en una discoteca, al ver que una tercera persona acudía en ayuda de su oponente, sacó una navaja de tipo abanico (balisong) con la que acuchilló a uno de sus contrincantes en el estomago. El Tribunal Supremo consideró que la irrupción de este tercer sujeto no-basta para convertir la riña en una situación de LD que justificara el uso de un arma blanca habida cuenta que los agresores estaban desarmados.


2) Defensa ante menores de edad o incapaces. Nos encontramos frente a personas que por razón de la menor edad penal o por razón de enfermedades mentales o deficiencias sensoriales no se consideran penalmente responsables de sus actos. En principio no existe diferencia por razón de esta incapacidad y habría que atender prioritariamente a la intensidad del ataque para calibrar la respuesta con la que debemos responder. Una de las mayores dificultades que tiene esta situación es el propio reconocimiento de la misma, es decir, reconocer cuando nos encontramos ante un menor de edad o un incapaz. Puede ser más fácil en el caso del menor de edad cuando la edad es muy acusada, pero será más difícil de reconocer cuando la edad de la persona esté cercana a la mayoría de edad. Más complicado es el caso de reconocer al incapaz, especialmente cuando el agresor es un desconocido. No hay una doctrina unánime de los tribunales, pero la tendencia general se orienta en el sentido de pedir un mayor cuidado en la defensa, atendiendo a la falta de juicio del atacante.

Para llevar a cabo adecuadamente la LD en estos supuestos, es necesario, en primer lugar, valorar la peligrosidad de la situación. Esta puede variar mucho, especialmente en el caso de las personas perturbadas, puesto que sus reacciones pueden ser del todo imprevisibles. Además, en este caso, así como en el caso de personas que se encuentren bajo el efecto de las drogas, pueden desarrollar una fuerza superior a lo normal, así como una gran insensibilidad al dolor. Este hecho puede ser fundamental a la hora de determinar los medios más adecuados para tratar con estos sujetos, puesto que por lo antes dicho, las técnicas de golpeo pueden surtir un escaso efecto inmediato y que en un principio sean ineficaces contra estas personas. Pero, sin embargo, no hay que olvidar que el resultado de los golpes está presente y que acabará por manifestarse quizás en forma de lesiones graves que a posteriori resulten excesivas para el ataque que se produjo. En estas situaciones pueden resultar mas adecuadas las técnicas de “grappling”, es decir, aquellas que buscan la reducción del agresor en la corta distancia, a través de luxaciones a las articulaciones o inmovilizaciones. La ventaja que ofrecen estas técnicas es que pueden reducir al agresor sin necesidad e daños graves. Este tipo de técnicas también debe ser cuidada a la hora de aplicarla sobre una persona perturbada, dado que un forcejeo excesivo por su parte, puede ocasionar daños no deseados por nosotros. A pesar de estos inconvenientes, las técnicas de control pueden ser las más adecuadas para estas situaciones.

El caso de los menores de edad también merece consideraciones especiales. En primer lugar debemos valorar el peligro que ofrece cada situación, lo que vendrá determinado por el grado de desarrollo del menor, las posibles armas que porten y si actúan solos o en grupo. En todo caso hay que tener en cuenta la condición del menor de no ser responsable penalmente, lo cual, en muchos casos puede servir para que estos actúen con mayor despreocupación de la Ley y del daño que puedan causar a los demás. El modo de proceder en estos casos es complicado y por su puesto no está sujeto a reglas fijas. La doctrina de los tribunales se orienta en la dirección de pedir un sumo cuidado a la hora de proceder, y usar todos los medios a nuestro alcance para evitar una confrontación.

Los principios expuestos en la moción aprobada unánimemente por el Congreso de los Diputados el día 10 de mayo de 1994, sobre medidas para mejorar el marco jurídico vigente de protección del, se refieren esencialmente al establecimiento de la mayoría de edad penal en los dieciocho años y a la promulgación de “una ley penal del menor y juvenil (la actual Ley del Menor) que contemple la exigencia de responsabilidad para los jóvenes infractores que no hayan alcanzado la mayoría de edad penal, fundamentadas en principios orientados hacia la reeducación de los menores de edad infractores, en base a las circunstancias personales, familiares y sociales... ”



3) Defensa frente a autoridades y sus agentes. En este caso la agresión parte de quien, en principio, tiene autoridad para llevarla a cabo en el ejercicio de su cargo. Como ya vimos, el primer requisito de la LD es el de la agresión ilegitima, por lo que parece quedar excluida de la posibilidad de la defensa. Pero, sin embargo, debe tenerse presente que el ejercicio de la autoridad no puede ejercerse de forma indiscriminada, sino para servir a los fines establecidos, como posibilitar la seguridad ciudadana. Y de echo los agentes de la autoridad se encuentran sometidos a los mismos límites de necesidad racional del medio empleado y de intervención mínima necesaria. Es decir, los agentes del orden solo podrán utilizar la fuerza cuando sea imprescindible y muy especialmente en el caso del uso de armas de fuego. Por lo tanto debemos concluir que queda excluida la posibilidad de la LD cuando el agente actúe correctamente en el ejercicio de su cargo, y por lo tanto puede darse la defensa cuando no se actúe en el ejercicio del mismo. Por ejemplo: En cuestiones personales, o bien cuando el agente rebase notoriamente los límites de su competencia.
Como ejemplo de lo antes dicho, podemos acudir a la jurisprudencia de la sala de lo penal del Tribunal Supremo la cual en su sentencia 154/98 condenó a un agente de la policía. El cual en el curso de una investigación requirió a un transeúnte para que se apartara, habiéndose identificado previamente mostrando su placa y de palabra, pero sin alzar la voz lo suficiente, y como la persona en cuestión no se apartaba, procedió a agarrarla para que se apartara. A lo que el requerido reaccionó con un aspaviento que alcanzó al agente en el labio y a continuación se originó una pelea, que el agente resolvió sacando su pistola y golpeando con ella repetidamente en la cara al transeúnte produciéndole heridas de diversa índole. El Tribunal Supremo entiende aquí que el agente se extralimitó en el uso de la fuerza y que no podía aplicarse la eximente de obrar en el ejercicio de su cargo.


CONTINUARÁ